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Todo estado democrático tiene un objetivo esencial: generar las condiciones necesarias para el desarrollo y convivencia social que permitan el máximo grado de disfrute de los derechos humanos de sus habitantes. En el caso peruano, el artículo 1 de la Constitución Política resume esta obligación recordando que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.

En el marco del diseño e implementación de mecanismos y medidas para garantizar dicha misión estatal, se reconoce también la participación de las personas que, en forma coadyuvante con el Estado, desarrollan actividades orientadas a alertar a las autoridades respecto de aquellos contextos que ponen en cuestión la vigencia de los derechos humanos, que exijan la atención de problemas que afectan su ejercicio esencial, o que reclamen una debida protección frente a acciones deliberadas o colaterales de diversas situaciones cuyo impacto afecta la vida de una o más personas.

Esta actividad coadyuvante se encuentra respaldada por el principio democrático que orienta la configuración de nuestro Estado, y que hace referencia a aquella capacidad reconocida por la Constitución de que toda persona participe de la vida política, económica, social y cultural de la Nación, derecho que no se agota con el sufragio ni la democracia representativa, y que complementa los mecanismos formales de participación ciudadana para postular iniciativas legislativas, plantear remoción o revocación de autoridades, demandar rendiciones de cuentas, ejercer el derecho de expresión o de participación política, entre otros.

Se puede asumir entonces, como una definición preliminar que quienes realizan actividades que promuevan o defiendan los derechos fundamentales de una o más personas, son defensores y defensoras de derechos humanos, independientemente de la temática y el contexto en el que sitúen su accionar.

No obstante, aunque uno supondría que una persona que defiende los derechos humanos de otras es una actividad natural en un Estado de Derecho, existen determinados contextos donde esta modalidad de ejercicio democrático conlleva serios riesgos para la integridad y la vida misma de estas personas.

Solo por graficar lo que indicamos, podemos señalar que en el Perú se han producido asesinatos de líderes indígenas que exigían respuestas del Estado frente al crimen organizado en contextos medioambientales como la tala ilegal y la deforestación de extensas zonas de nuestro país, afectando los derechos colectivos de pueblos indígenas y comunidades nativas, además del grave daño al ecosistema, la convivencia pacífica de los lugareños, la afectación de economías locales, entre otros efectos.

El asesinato de Edwin Chota Valera y tres líderes comunales en septiembre de 2014 en Ucayali, es uno de esos casos en los que un defensor de derechos humanos termina asesinado por quienes delinquían -y delinquen- afectando los derechos de otras personas, y que pese a casi ocho años de ocurrido este crimen sigue sin esclarecerse ni castigarse. Asimismo, el problema que generó las denuncias de Edwin Chota y su voz de alerta para proteger a los suyos, sigue vigente.

Lamentablemente no es el único caso en que una persona que defiende los derechos humanos de otras, corre la misma suerte. Allí están los luctuosos episodios que terminaron con la vida de líderes como Mauro Pío, Gonzalo Pío Flores, Arbildo Meléndez, Benjamín Ríos, Santiago Roca, Herasmo García, Yenes Ríos y Estela Casanto, por mencionar algunos nombres de líderes o lideresas de pueblos indígenas.

Para corregir esta situación de indefensión y muerte, hace casi un año se aprobó el Decreto Supremo N° 004-2021-JUS, por el que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos crea el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, cuyo objeto es garantizar la prevención, protección y acceso a la justicia de estas personas frente a las situaciones de riesgo que se presenten como consecuencia de sus actividades. Su debida implementación constituirá un hito fundamental para atender los objetivos de prevención y protección que son muy necesarios en la actualidad.

La existencia de este Mecanismo constituye una forma de intervención del Estado que debiera, a su vez, promover otras más orientadas a garantizar la integridad y la vida de las personas que se dedican a contribuir con la vigencia de los derechos humanos, que es hoy una obligación estatal.

Precisamente, el Instituto Debate y Desarrollo llevará adelante en el mes de abril un curso específico donde se abordarán diversos tópicos orientados a conocer más de la situación de las personas que defienden los derechos humanos y que contribuyen así al desarrollo de nuestra sociedad, así como a entender las funciones que llevan adelante, a conocer los estándares que tiene el Perú para alentar la formación y protección de las personas defensoras de derechos, y la importancia de las políticas o planes de acción para promover esta actividad ciudadana.

Las personas defensoras de derechos humanos son aliadas del desarrollo de nuestra sociedad y claves para el fortalecimiento de la vida democrática del país y, por lo tanto, debemos seguir alentando la presencia de este tipo de liderazgos y contribuir al desarrollo de sus capacidades. Su presencia es necesaria para enfrentar desde la ciudadanía a aquellos sectores que desde el crimen y la delincuencia, o el incumplimiento de los deberes de protección desde el Estado, afectan los derechos humanos de todas las personas.

Un gran número de amistades cercanas me conocen con el apelativo de vago. Es un apodo autoimpuesto desde mi paso por Ayacucho donde viví cerca de 11 años. No he contado, salvo excepciones, las razones que explican ese apodo.

Ingresé a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) en el año 1996. Lo hice, entre otras razones, con la esperanza de que si me levaban (secuestraban), las autoridades del Ejército de entonces pudiesen autorizar mi salida de un cuartel en el entendido que, siendo un estudiante universitario, pudiesen inferir que no era un vago, porque en aquellos años del autoritarismo político un inmenso sector de la sociedad exigía que los vagos vayan al cuartel a pelear contra el terrorismo.

La excusa no sirvió de nada. En el año 1998, cuando caminaba deprisa a devolver un libro de Derecho Penal que me prestaron para un examen, la Av. 26 de Enero quedó detrás de mí y me encontraba a la altura de donde funcionaba la Morgue de Ayacucho. Es entonces cuando un vehículo tipo couster que venía a velocidad se detuvo a unos metros de donde estaba, descendieron 5 sujetos y en unos segundos tenía la boca tapada, golpes e insultos por doquier, y en un abrir y cerrar de ojos estaba tendido en el piso de ese vehículo, donde estaban ya al menos una decena de jóvenes como yo.

El vehículo recorrió distintas partes de la ciudad, levaron más personas, todas estaban unas encima de otras tiradas en el piso del vehículo, y cuando anochecía nos dijeron que nos llevarían a la comisaría para identificarnos. Ese trayecto se mi hizo larguísimo. Y no fue sino hasta cuando descendimos en un descampado desde donde se podía divisar, a lo lejos, la ciudad. Ya después me pude ubicar. Estaba en el Cuartel de Quicapata.

No voy a detallar aquí los días de angustia, de incomunicación, de miedo, de violencia y de todo lo que pasó entonces. Lo único que voy a decir es que luego de varias semanas, cuando iban a visitar el Cuartel de Quicapata un oficial de alto rango y el capellán del Ejército, los oficiales a cargo le pidieron a uno de los jóvenes ahí recluidos que hiciera marcos de madera para poner fotos de los visitantes y obsequiárselos. Como tenía poco tiempo pidió un apoyo, y me ordenaron que lo ayude. Hicimos lo que pudimos.

Esa tarde, el oficial a cargo ordenó que ese joven y yo vayamos a la cocina, ayudáramos a preparar el rancho y nos dejó allí hasta la tarde. Cuando todos debían volver a las cuadras y empezaba a anochecer, llamaron a un sargento, quien nos dijo que íbamos a salir, que no debíamos contarle a nadie, y que si se enteraban de cómo llegamos y estuvimos, volveríamos a Quicapata. Nos llevó hasta la tranquera, ordenó a los que vigilaban el ingreso que rastrillaran su armamento y nos dio dos minutos para correr de allí: “¡desaparecen y no quiero verlos!”.

Yo pude retornar de esa pesadilla, pero miles de personas no. A mí me levó el Ejército, bajo la justificación de la necesidad de enfrentar el terrorismo. A otros los secuestraron los terroristas. En cualquiera de las situaciones, hay miles de peruanos y peruanas cuyo espacio en el hogar, entre los suyos, sigue siendo una tarea pendiente. Por eso me involucré en los temas de derechos humanos, y pude conocer a las mamás de Anfasep, con quienes aún ahora comparto y comprendo el drama de quienes buscan aún a sus seres queridos, aunque sin el resultado de mi experiencia.

Me complace por eso que entre los temas que ahora impulsa el Instituto Debate y Desarrollo, del que ahora formo parte, no se haya abandonado la necesidad de abordar temas relacionados con la importancia de atender las secuelas de ese período difícil que supuso las décadas de 1980 al 2000. La búsqueda de información sobre el paradero de las personas desaparecidas debiera continuar en la agenda pública y en la del Estado. De allí el valor que para mí constituye el desarrollo del Curso “Los Derechos Humanos de las personas desaparecidas: el enfoque humanitario en el Perú”, que Mónica Barriga va a dictar a partir del 15 de febrero.

Ojalá que, desde otros espacios privados y públicos, se siga apostando por buscar a los ausentes. Iniciar un bicentenario sin reafirmar esfuerzos en ese sentido, nos dejará irremediablemente como una sociedad sin posibilidad de construir un desarrollo ético.

P.D.:En la fotografía, estoy con colegas del Ministerio Público en una de las primeras exhumaciones que impulsamos en el Cuartel Los Cabitos. Frente a quienes dudaban de las levas, secuestros y muertes, los hallazgos que obtuvimos -terribles y deleznables- dejan clara la historia y las responsabilidades que como sociedad debemos atender para que no ocurran nuevamente.

BASES DEL CONCURSO

1.Descripción

El Instituto Debate y Desarrollo – IDD lanza el Primer Concurso de Artículos sobre Derechos Humanos dirigido a estudiantes y egresados/as de universidades peruanas públicas o privadas, con la finalidad de promover una cultura de derechos y deberes en el país, en pro del respeto a la dignidad humana.  

2. Objetivo

Fomentar el estudio, el análisis y la investigación sobre diversas temáticas vinculadas con la situación de los pueblos indígenas y los defensores y defensoras de derechos humanos, así como el papel de las empresas y los derechos humanos en el Perú. 

3. Cronograma

4. Participantes

Podrán participar estudiantes y egresados/as de no más de un año de haber culminado sus estudios de cualquier universidad peruana pública o privada. 

No se aceptarán trabajos grupales.

5. Jurado calificador

El jurado que seleccionará a los/as ganadores/as estará conformado por los/las miembros del Instituto Debate y Desarrollo. La evaluación y calificación de los trabajos se realizarán siguiendo los principios de imparcialidad e independencia.

6. Temática 

• Pueblos indígenas y derechos humanos
• Empresas y derechos humanos
• Defensores y defensoras de derechos humanos

7. Criterios de calificación

Para la calificación de los ensayos se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

• Creatividad y planteamiento novedoso
• Dominio y profundidad del tema
• Contribución a la sociedad a nivel de discusión
• Rigurosidad académica y metodológica

8. Características del ensayo

El trabajo deberá cumplir con las siguientes características: 

• Ser enviado en formato PDF. 
• Deberá contar con la siguiente estructura: i) portada; iii) introducción; iv) desarrollo; v) conclusiones; y vi) bibliografía.
• Tener una extensión mínima de seis páginas y máxima diez, excluyendo la bibliografía, tipo de fuente Arial, tamaño 11, interlineado 1.5 y margen normal. 
• Las notas al pie de página serán en fuente Arial, tamaño 10 y a espacio sencillo. 

9. Presentación de documentos

Los y las participantes enviarán sus trabajos de manera virtual, de acuerdo con el cronograma indicado en el punto 3 de las bases del concurso, al correo electrónico info@idd.org.pe, acompañado de la siguiente documentación: 

• Trabajo en PDF, con las características señaladas en el punto 8. 
• Declaración jurada de autoría del ensayo. En caso de incurrir en plagio será descalificado del concurso.  
• Para los/as estudiantes de pregrado, constancia de estar matriculado/a en la universidad.
• Para los/as egresados/as, constancia de egresado/a de la universidad. 
• Copia de Documento Nacional de Identidad o Carné de Extranjería. 

10. Premios

El primer lugar será acreedor de dos becas para dos cursos de elección que dicte el Instituto Debate y Desarrollo durante el año 2022. Además de una colección de libros sobre derechos humanos.

El segundo y tercer lugar ganarán una beca, cada uno, para un curso de elección que dicte el Instituto Debate y Desarrollo durante el año 2022. Además, de una colección de libros sobre derechos humanos. 

Los tres artículos ganadores serán publicados y difundidos por el Instituto Debate y Desarrollo.

11. Sobre lo no previsto en las bases

El Consejo Directivo del Instituto Debate y Desarrollo resolverá las controversias o cualquier hecho no contemplado en las bases del concurso, siendo su decisión inapelable.  

Informes y consultas a: info@idd.org.pe y/o 977 769 974.

Una de las grandes preguntas que nos hacemos es para qué sirve un plan de empresas y derechos humanos. 

Es importante recordar que el Gobierno oficializó, el pasado 11 de junio, mediante Decreto Supremo N° 009-2021-JUS, el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025.

Diez años atrás, específicamente, el 16 de junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó por consenso la resolución 17/4, mediante la que hizo suyos los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (en adelante, Principios Rectores) que figuraban en el Informe que había sometido al Consejo, John Ruggie, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas (A/HRC/17/31). 

Los Principios Rectores constituyen por tanto el punto de referencia para la actuación del Estado en materia de empresas y derechos humanos, pues supusieron el desenlace de un largo debate que en este ámbito se venía produciendo entre partidarios de una regulación obligatoria de las empresas y, del otro, defensores de indicaciones de buenas prácticas de aplicación voluntaria.

Los Principios Rectores tienen un carácter orientador y se enmarcan en tres pilares fundamentales: proteger, respetar y remediar. El primero busca que el Estado ofrezca protección frente a la vulneración de los derechos humanos cometidos por terceros, como las empresas. El segundo plantea la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos, es decir, de proceder con la debida diligencia; y el tercero busca mejorar el acceso de las víctimas a la justicia y reparaciones cuando han sido afectadas por actividades empresariales. 

De conformidad con tales Principios Rectores y ahora con el Plan aprobado, se espera de las empresas peruanas un comportamiento conforme con su responsabilidad y una actuación con la diligencia debida para evitar la violación de los derechos de terceros y para hacer frente a los impactos adversos de su actividad.

Varias empresas de nuestro país ya han ido incorporando esa responsabilidad en su estrategia empresarial. Otras, en particular medianas y pequeñas empresas, encontrarán en este Plan, las herramientas adecuadas para hacer frente a esa responsabilidad en el desarrollo de sus operaciones. 

En este sentido, este plan consta de cinco lineamientos estratégicos: promoción y difusión de una cultura de respeto a los derechos humanos en el ámbito empresarial conforme al marco de los estándares internacionales de los principios rectores y otros instrumentos internacionales.

Asimismo, el diseño de políticas públicas de protección para prevenir vulneraciones a los derechos humanos en el ámbito empresarial; el diseño de políticas públicas que promuevan el respeto de las empresas a los derechos humanos a través de la rendición de cuentas, la investigación y la sanción por los impactos de sus actividades.

Además, la promoción y diseño de procedimientos de diligencia debida para asegurar el respeto de las empresas a los derechos humanos; y el diseño y fortalecimiento de mecanismos para garantizar a los afectados por las vulneraciones a derechos humanos vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo para que puedan acceder a una reparación.

Estos compromisos son de suma relevancia si se considera que el riesgo para la reputación de una empresa es, actualmente, especialmente sensible a las cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Las empresas son cada vez más conscientes de que el respeto de los derechos humanos constituye además un activo en términos de negocio en tanto que tiene efectos sobre la reputación y la marca de la empresa, la valoración que de la misma hacen consumidores, inversores y socios, la motivación del personal, la reducción de riesgos con respecto a la continuidad de las operaciones y la reducción del riesgo de litigios.

Finalmente, cabe señalar que la aprobación de este Plan es solo un paso en medio de una serie de acciones urgentes requeridas para la protección, respeto y garantía de los derechos humanos. En tal sentido, se debe asegurar una implementación efectiva del documento, así como ejecutar acciones complementarias que vayan más allá de aspectos declarativos y atiendan las demandas de las empresas y los sectores vulnerables.

En buena cuenta un Plan de Empresas y Derechos Humanos bien implementado tendrá un impacto importante en la mejora de la calidad de vida de las personas, en especial de las más vulnerables, en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y del ejercicio de ciudadanía, la prevención de la conflictividad, el asentamiento de la paz social, así como en la mejora de competitividad, productividad, y el desarrollo sostenible del país.

En un contexto extremadamente difícil para el país en el que la pandemia ha causado la muerte a cientos de miles de personas y que centenares de pequeñas, medianas y grandes empresas tuvieron que cerrar sus operaciones, sumado a la  inestabilidad política que produjo tres presidentes de la República y seis ministros de Justicia durante el proceso de discusión del Plan; cabe preguntarse ¿cómo, en un escenario así de complejo, se pudo lograr aprobar el Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos?

En general, creo que hubo ciertos factores que permitieron que el Perú pueda contar con un primer plan de esta naturaleza (el tercero en Latinoamérica y el vigésimo quinto en el mundo):

El primero de ellos es la voluntad política. Esto puede sonar contradictorio con justamente la inestabilidad política que se tuvo, pero creo que, más allá de la decisión de sacar adelante el plan, estuvo la convicción de mantener un equipo de jóvenes profesionales que continuaron a lo largo de los tres años con este proceso y que fue generando confianza entre los diversos participantes. Un equipo que tenía claro que el diálogo tenía que ser transparente, de buena fe, flexible y realista.

Un segundo factor ha sido contar con una metodología clara que se dividió en tres partes. La primera es la “identificación de actores”. Era importante ir reconociendo a los representantes de las instituciones y organizaciones y con ellos iniciar un proceso de formación sobre temas que les podían ser ajenos como “principios rectores”, “debida diligencia”, “la transición de la responsabilidad social a la Conducta Empresarial responsable”, estándares en la materia de derechos humanos y empresas, entre otros.

Dentro de la propuesta metodológica, luego de esta etapa formativa una segunda tarea fue trabajar en la construcción de la evidencia. Era necesario que la discusión no se centrara en pareceres o subjetividades sino en data e información verificable. Para ello, se decidió trabajar 23 temas (informalidad, situación de poblaciones vulnerables, industrias extractivas, conflictividad, entre otros) con diversas universidades prestigiosas del Perú. Abrir a discusión esos documentos y que permitieran conocer las brechas que había en relación a estos temas y a las empresas.

Un tercer momento fue, con participantes ya involucrados y con evidencia sobre brechas y líneas de base claras, establecer las acciones y objetivos que en los próximos cuatro años se deberían implementar en este primer plan. Así se fue trabajando 97 acciones para, básicamente, orientar un trabajo de formación en este tema, fortalecer las capacidades de las instituciones empresariales, indígenas, sindicales y de la sociedad civil, además de las del Estado; establecer mecanismos para que las empresas puedan tener herramientas internas de debida diligencia y se fortalezca el rol normativo, de fiscalización y, en general, de articulación de todas las instituciones del Estado, para evitar situaciones de vulneración de derechos por parte de las empresas.

Otro factor esencial para que el Plan viera la luz fue plantear un diálogo entre iguales. La idea de un diálogo multiactor se pensó como una metodología ampliamente participativa entre los representantes del Estado, pueblos indígenas, empresas, sindicatos y sociedad civil. Al final hubo una participación activa de 132 instituciones que debatían todos los contenidos. Esto generó que se sostuvieran más de 426 reuniones bilaterales y multilaterales. Esto en sí mismo ya era un logro: que estuvieran en una misma mesa tantos actores, generando, por primera vez, espacios de confianza entre ellos; y que todos ellos mantuvieran una alta disposición a seguir dialogando, sinceramente, de buena fe, desde el inicio hasta el final del proceso, a pesar de las discrepancias y de las tensiones propias de estos espacios.

Un cuarto factor fue tener un objetivo realista: es el primer plan. Por lo tanto era muy importante tener claro que el objetivo era llegar a consensos pero en aquellos casos que no se podían lograr, hacer explícito el disenso y admitir la discrepancia y ver eso como una oportunidad para un segundo plan o para otro momento. Lo importante era no generar falsas expectativas. Establecer que lo importante eran las posiciones de centro y no las extremas que podían decir “no se quiere un plan o este es un plan sesgado”. 

Esto, en un contexto electoral, también ayudó a que se pudiera construir un mensaje de diálogo y consensos.  A nivel político se atravesaba por una polarización muy grande. Entonces este plan podría servir también como ejemplo de que a pesar de que no podíamos ponernos de acuerdo en todo, sí había elementos sobre los cuales, a partir del diálogo, sacamos adelante un Plan. Era un mensaje potente en medio de la crispación política.

Finalmente, un quinto factor fue el acompañamiento de diversas organizaciones internacionales. La participación de las Embajadas, de la OCDE, del Alto Comisionado de Naciones Unidas, de la OIT, del proyecto CERALC, permitió que externos alentaran los logros que estábamos consiguiendo y que en comparación con otros países no se daban. Asimismo, que se organizaran seminarios entre empresarios permitía que ellos en su propio lenguaje pudieran entender que estos temas también podían jugar a favor de la rentabilidad, de una buena reputación empresarial y, en buena cuenta, de una competitividad. Esto porque muchas veces los abogados sabemos de normas, de códigos, pero aquí, en el mundo también de las empresas, el lenguaje empresarial forma parte de una dinámica a la que un Ministerio de Justicia no necesariamente estaba acostumbrado.

En un siguiente post les comentaré los retos que nos trae este plan de empresas y las grandes oportunidades para promover la contribución positiva que las empresas pueden realizar frente al desarrollo sostenible y a los derechos humanos.