Una de las grandes preguntas que nos hacemos es para qué sirve un plan de empresas y derechos humanos.
Es importante recordar que el Gobierno oficializó, el pasado 11 de junio, mediante Decreto Supremo N° 009-2021-JUS, el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025.
Diez años atrás, específicamente, el 16 de junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó por consenso la resolución 17/4, mediante la que hizo suyos los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (en adelante, Principios Rectores) que figuraban en el Informe que había sometido al Consejo, John Ruggie, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas (A/HRC/17/31).
Los Principios Rectores constituyen por tanto el punto de referencia para la actuación del Estado en materia de empresas y derechos humanos, pues supusieron el desenlace de un largo debate que en este ámbito se venía produciendo entre partidarios de una regulación obligatoria de las empresas y, del otro, defensores de indicaciones de buenas prácticas de aplicación voluntaria.
Los Principios Rectores tienen un carácter orientador y se enmarcan en tres pilares fundamentales: proteger, respetar y remediar. El primero busca que el Estado ofrezca protección frente a la vulneración de los derechos humanos cometidos por terceros, como las empresas. El segundo plantea la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos, es decir, de proceder con la debida diligencia; y el tercero busca mejorar el acceso de las víctimas a la justicia y reparaciones cuando han sido afectadas por actividades empresariales.
De conformidad con tales Principios Rectores y ahora con el Plan aprobado, se espera de las empresas peruanas un comportamiento conforme con su responsabilidad y una actuación con la diligencia debida para evitar la violación de los derechos de terceros y para hacer frente a los impactos adversos de su actividad.
Varias empresas de nuestro país ya han ido incorporando esa responsabilidad en su estrategia empresarial. Otras, en particular medianas y pequeñas empresas, encontrarán en este Plan, las herramientas adecuadas para hacer frente a esa responsabilidad en el desarrollo de sus operaciones.
En este sentido, este plan consta de cinco lineamientos estratégicos: promoción y difusión de una cultura de respeto a los derechos humanos en el ámbito empresarial conforme al marco de los estándares internacionales de los principios rectores y otros instrumentos internacionales.
Asimismo, el diseño de políticas públicas de protección para prevenir vulneraciones a los derechos humanos en el ámbito empresarial; el diseño de políticas públicas que promuevan el respeto de las empresas a los derechos humanos a través de la rendición de cuentas, la investigación y la sanción por los impactos de sus actividades.
Además, la promoción y diseño de procedimientos de diligencia debida para asegurar el respeto de las empresas a los derechos humanos; y el diseño y fortalecimiento de mecanismos para garantizar a los afectados por las vulneraciones a derechos humanos vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo para que puedan acceder a una reparación.
Estos compromisos son de suma relevancia si se considera que el riesgo para la reputación de una empresa es, actualmente, especialmente sensible a las cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Las empresas son cada vez más conscientes de que el respeto de los derechos humanos constituye además un activo en términos de negocio en tanto que tiene efectos sobre la reputación y la marca de la empresa, la valoración que de la misma hacen consumidores, inversores y socios, la motivación del personal, la reducción de riesgos con respecto a la continuidad de las operaciones y la reducción del riesgo de litigios.
Finalmente, cabe señalar que la aprobación de este Plan es solo un paso en medio de una serie de acciones urgentes requeridas para la protección, respeto y garantía de los derechos humanos. En tal sentido, se debe asegurar una implementación efectiva del documento, así como ejecutar acciones complementarias que vayan más allá de aspectos declarativos y atiendan las demandas de las empresas y los sectores vulnerables.
En buena cuenta un Plan de Empresas y Derechos Humanos bien implementado tendrá un impacto importante en la mejora de la calidad de vida de las personas, en especial de las más vulnerables, en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y del ejercicio de ciudadanía, la prevención de la conflictividad, el asentamiento de la paz social, así como en la mejora de competitividad, productividad, y el desarrollo sostenible del país.