El Estado peruano tiene la obligación de realizar la búsqueda de todas las personas desaparecidas en cumplimiento de la normativa internacional y nacional vigente. El cumplimiento integral de esta obligación se viene postergando durante décadas, desde las desapariciones generadas durante el periodo de violencia (1980-2000), años en el cual se registran más de 20.000 personas desaparecidas según cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (RENADE) y que se suma a las desapariciones actuales que se registran cada día en nuestro país.

El marco normativo nacional e internacional establecen las obligaciones estatales y los derechos que tienen todos los ciudadanos que son víctimas de este delito y los derechos que le asisten a sus familiares, ya que los efectos de los actos de desaparición tienen un impacto directo en el proyecto de vida familiar. Además, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, máxime cuando dichas acciones se desarrollan de forma sistemática que afecta a toda la sociedad, también se han establecido derechos con una dimensión más amplia como el derecho a la verdad, de acuerdo con la jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por el Tribunal Constitucional.

Ante la inminente necesidad de brindar respuestas a los miles de familiares que continúan buscando a sus seres queridos, el Estado peruano aprobó la Ley Nº 30470, Ley de búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia de 1980 al 2000, para implementar una política pública con enfoque humanitario que contribuya a agilizar la búsqueda de las personas desaparecidas colocando en el centro del proceso a los familiares y promoviendo un efecto reparador. La implementación de está política pública implica el desarrollo de diversas herramientas como el RENADE, el Banco de Datos Genéticos y el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como, contar con un equipo multidisciplinario y la articulación de diferentes instituciones estatales.

En este contexto, se viene avanzando en el proceso de búsqueda con enfoque humanitario en el Perú como un mecanismo de justicia transicional que tiene como pilar garantizar el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y garantizar medidas de no repetición. Proceso humanitario que convive paralelamente con el proceso penal para sancionar a los responsables de la comisión del delito. Asimismo, es importante resaltar que la creación de mecanismos de búsqueda específicos, independientes del proceso penal, es una medida adoptada por varios países de la región como Colombia, México y El Salvador.